Cuando en Septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers y se destapó esta gran estafa global -algunos lo llaman crisis económica-, el Estado Español tenia superávit - ingresaba más de lo que gastaba-. Sin lugar a dudas, la facilidad para conseguir un crédito a un plazo mayor y a menor interés que en décadas anteriores, animó lo que sabemos que fue una burbuja inmobiliaria; es decir un mercado de compra-venta de casas que de otra manera no hubiera crecido tanto como lo hizo. De esta burbuja se nutría gran parte de los ingresos que obtenía el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos vía IVA, Impuesto de Transmisión Patrimonial e ICIO. Además, la fuerte demanda interna de bienes y servicios asociados a la burbuja inmobiliaria, mantenía una creciente necesidad tanto, de mano de obra más o menos cualificada, con sus respectivos tributos y aportaciones a la seguridad social, como de productos asociados a todo lo que hay alrededor de una vivienda.
Fue la Banca, al percatarse del exceso de capital invertido en el ladrillo y sobre todo ante el riesgo evidente de morosidad, la que cerró el grifo del crédito y provocó la frenada en seco de la economía. Al no haber dinero disponible, no había operaciones de compra-venta de viviendas y con ello se acababa con la demanda de tantos bienes y servicios que rodean a la adquisición de una casa. La perdida de ingresos del Estado
Español, C.C.A.A. y Ayuntamientos como consecuencia de ello, fue el comienzo de una tendencia hacia el déficit. También se empezó a sufrir el desempleo como consecuencia de la falta de demanda de bienes y servicios, desempleo que además hizo crecer el gasto en subsidio de paro y aminorar los ingresos a la Seguridad Social.
La situación de déficit obliga a los gobiernos a financiar sus servicios e inversiones con la emisión de Deuda Pública. Esta deuda la compran los inversionistas que comúnmente llamamos “mercados”. El Banco Central Europeo no compra deuda pública de los estados, porque su reglamento, hecho por los miembros de la UE, así lo dispone. De esta manera el BCE presta dinero a los inversores a un interés ínfimo y estos hacen de intermediarios y se lo prestan a los estados con barios puntos de interés superior. Es decir, los estados pudientes prestan dinero barato a los mercados financieros para que estos ganen dinero prestándoselo a los estados débiles. Además, después de la reforma de la constitución española de la que hace ahora un año, los que presten dinero al estado español cobrarán los primeros. A pesar de esta reforma, la prima de riesgo que establece el interés al que España paga su deuda no ha bajado. Hace un año era de 277 puntos y ahora es de 506. La estrategia de populares y socialistas para calmar a los mercados ha FRACASADO.
La banca española es la que más dinero ha puesto en el ladrillo, y esto hace que esté en situación de falta de liquidez. Sus cuentas de resultados están llenas de números rojos debido a la gran cantidad de inmuebles que están teniendo que soportar, en vez del dinero que esperaban obtener por su venta y por los altos índices de morosidad, fruto del desempleo. El saneamiento o rescate de la banca se ha convertido en objetivo prioritario para el Gobierno Español. Para conseguir los 100.000 millones de euros que necesita la banca, la troika compuesta por el BCE, FMI y Alemania están imponiendo una serie de medidas de recorte del gasto público y reforma de las normas laborales encaminadas a hacer más goloso el mercado español para los inversores.
Sin embargo, esto no es lo que se le está explicando a los ciudadanos. Se nos está haciendo responsables de la situación en la que estamos instalados. “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” se nos dice. Cuando un banco presta dinero a una persona, lo hace después de estudiar el riego que corre. Es el banco el que debe de asumir las consecuencias del impago de esa deuda. Los morosos, ya responden con el patrimonio que tienen comprometido en las cláusulas que están en los contratos de préstamo. Sucede que mientras una persona que incumple con su obligación de pagar el
préstamo hipotecario, es desahuciada y queda entrampada de por vida, a los bancos se les está concediendo el privilegio del rescate. A efectos prácticos se privatizaron las ganancias en forma de reparto de beneficios y se están socializando las pérdidas en forma de rescate público.
Una de las medidas “estelares” del gobierno de Mariano Rajoy, para conseguir el favor del gobierno alemán de Angela Merkel y obtener recursos para salvar a la banca española, es la anulación del pago de la EXTRA de NAVIDAD a los empleados públicos.
En un afán populista hasta la fecha desconocido en el Gobierno Municipal del Partido Popular, se propuso al Pleno el pasado Jueves 17 de Agosto, que adoptara el acuerdo de imponer la “Eliminación de la próxima paga extra de diciembre (Navidad) de las retribuciones de todos los miembros de la Corporación, así como de los altos cargos de confianza y del personal adscrito a los distintos Grupos Municipales”.
En la exposición de motivos de la propuesta estaba lo que para nosotros son los principales motivos del resultado de la posterior votación. Decía estar esta propuesta: “…en coherencia con las medidas de ajuste que el Gobierno de España anunció en fechas pasadas…”. Obviamente, quienes estamos en contra de estas medidas adoptadas por el Gobierno, no vamos a dar por bueno que se apliquen en nuestro municipio, sobre todo si esa aplicación pasa por un acuerdo plenario. Los concejales liberados son, por lo que a nosotros respecta, trabajadores por cuenta ajena al servicio del ciudadano, los cuatro empleados de confianza al servicio de los grupos políticos son trabajadores por cuenta ajena a media jornada. Ni unos ni otros son culpables de esta monumental estafa que estamos sufriendo, así que no será con nuestro apoyo que se les deje de pagar la extra de navidad.
Con la medida impuesta por Rajoy a los empleados públicos, municipales o no, serán varios cientos de miles de euros los que dejarán de circular por los comercios, bares, restaurantes y demás negocios de nuestro municipio las próximas navidades. Ya veremos si cuando se haga balance de los ingresos y beneficios obtenidos por estos pequeños empresarios locales, la medida sigue gozando del apoyo que hasta el momento cree tener el Partido Popular.
Como somos gente de aportar soluciones, aquí relato algunas de las medidas que el gobierno municipal del PP podría pedir que fueran aplicadas en nuestro País:
1. Revirtiendo la bajada del Impuesto de sucesiones se obtendrían 2.552 millones.
2. Cobrando la deuda que tienen los clubes del futbol con el estado se ingresarían 752 millones.
3. Si se siguieran las recomendaciones de los técnicos de hacienda (GESTHA) en materia recaudatoria, se ingresarían 63.800 millones.
4. Aumentando el impuesto de sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón/año, se recaudarían 14.000 millones.
5. Aumentar los impuestos a las SICAV y a los movimientos de capital con fines especulativos supondría un incremento notable de ingresos.
6. Luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, empezando por las grandes fortunas, recaudarían más de 38.000 euros al año.
7. Eliminando la reducción del Impuesto de Sociedades a empresas que facturan más de 150 millones/año, se recaudarían 5.600 millones.
8. Eliminando la aportación directa del IRPF a la iglesia católica nos ahorraríamos 250 millones al año.
9. No haciendo frente al pago de las nóminas de los profesores de religión, nos ahorraríamos 700 millones al año.
10. No pagando las nóminas de los funcionarios capellanes en el ejército, hospitales, etc… nos ahorraríamos 25 millones al año.
Con 126.000 millones de euros más al año, a disposición de las administraciones públicas, no tienen razón de ser que los secretarios de grupo dejen de cobrar la paga
Manuel Rodríguez Miranda
Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA
Ayuntamiento de Priego de Córdoba
